El Gobierno Socialista trabaja en la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y lo hace buscando el máximo consenso posible, tanto de los grupos políticos como de la sociedad civil. Y es que el Gobierno tiene la obligación de reformar y mejorar una Ley que hoy por hoy, no ofrece garantías suficientes para el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo y que provoca efectos no deseados como vemos día a día. Por este motivo, y atendiendo a la realidad de nuestra sociedad, se ha planteado una Ley que intenta prevenir mejor los embarazos no deseados a través de una actuación integral a favor de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Su objetivo es que ninguna mujer vaya a la cárcel por una interrupción voluntaria del embarazo, este y no otro es el objetivo básico que busca y eso es lo que intenta evitar.
Pero es que, además, con esta reforma de Ley abordamos una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo con los parámetros del consenso de todas las grandes democracias europeas, algo razonable, porque con esta reforma nos equipararemos a la media de las leyes de los países europeos donde existe más garantías para todos los derechos fundamentales de las personas.
Me permito hacer una reflexión en voz alta, a la cual no encuentro respuesta sensata, y es, en 30 años de democracia, ¿por qué en España no tenemos aún una ley de interrupción del embarazo que sea homologable a las leyes de los países más democráticos del mundo, como Francia, Alemania, Inglaterra, Suecia u Holanda? Y aún más, ¿por qué hay voces que gritan que no podemos tenerla? ¿Por qué?
Finalmente, me alegro enormemente que sea el Gobierno Socialita quién se comprometa con los derechos de las mujeres y regule una Ley que nos equipare a los países democráticos europeos, y además, que desarrolle una Ley que nos garantice una buena educación e información que prevenga más embarazos no deseados, que proteja a las mujeres para lograr que ninguna mujer, después de un drama como es una interrupción del embarazo, se sienta obligada a ir a la cárcel.
Pero es que, además, con esta reforma de Ley abordamos una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo con los parámetros del consenso de todas las grandes democracias europeas, algo razonable, porque con esta reforma nos equipararemos a la media de las leyes de los países europeos donde existe más garantías para todos los derechos fundamentales de las personas.
Me permito hacer una reflexión en voz alta, a la cual no encuentro respuesta sensata, y es, en 30 años de democracia, ¿por qué en España no tenemos aún una ley de interrupción del embarazo que sea homologable a las leyes de los países más democráticos del mundo, como Francia, Alemania, Inglaterra, Suecia u Holanda? Y aún más, ¿por qué hay voces que gritan que no podemos tenerla? ¿Por qué?
Finalmente, me alegro enormemente que sea el Gobierno Socialita quién se comprometa con los derechos de las mujeres y regule una Ley que nos equipare a los países democráticos europeos, y además, que desarrolle una Ley que nos garantice una buena educación e información que prevenga más embarazos no deseados, que proteja a las mujeres para lograr que ninguna mujer, después de un drama como es una interrupción del embarazo, se sienta obligada a ir a la cárcel.
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