Finalizado el periodo de Presidencia española del Consejo de la UE, corresponde la celebración del debate de política general de 2010, con el fin de presentar, ante la Cámara y ante el conjunto de los ciudadanos, la valoración del Gobierno sobre el actual estado de la Nación y la acción política desarrollada durante el último año, así como sobre sus futuras líneas de actuación.
En el pasado debate del estado de la Nación, el Presidente del Gobierno planteó como prioridad la adopción de un conjunto muy diverso y ambicioso de actuaciones para combatir los efectos, económicos y sociales, de la recesión y sentar las bases de un nuevo crecimiento, más sostenible, de la economía española.
En este sentido, y en el contexto del llamado Plan E, durante este último año se ha completado la ejecución de las medidas destinadas a sostener la actividad en los sectores más castigados por la crisis, como los vinculados a la construcción, a la innovación y a la sostenibilidad ambiental en el ámbito municipal, el turismo o el del automóvil. Junto a ello, el Gobierno ha hecho un esfuerzo considerable para preservar la cohesión social, con iniciativas como la de la aprobación del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI).
Por otra parte, el pasado 2 de diciembre el Presidente del Gobierno presentó ante la Cámara la Estrategia de Economía Sostenible, el plan de reformas para impulsar la recuperación y la creación de empleo que tanto necesita la sociedad española dados los preocupantes niveles de paro alcanzados como consecuencia de la crisis. En los siete meses transcurridos desde la presentación de la Estrategia, el Gobierno ha ido aprobando diversas medidas y cambios normativos contenidos en la misma. Su primera concreción fue el Proyecto de ley de Economía sostenible, que contiene el núcleo inicial de las reformas, centradas en la supresión de obstáculos al desarrollo de las actividades emprendedoras, el impulso a los sectores de futuro de la economía española, más innovadores y competitivos, el marco que asegure la sostenibilidad medioambiental de nuestro desarrollo, y el fomento de la formación profesional como elemento estructural clave de un crecimiento basado en una mayor productividad. Otros compromisos incluidos en la Estrategia han llevado al Gobierno a aprobar el proyecto de Ley de la Ciencia, el de Navegación Aérea, o Planes como los de lucha contra el fraude y la economía sumergida, el de innovación, el de inclusión social, y el de impulso del coche eléctrico, entre otros.
La Estrategia de Economía Sostenible preveía, asimismo, la necesidad de acometer tres reformas específicas de calado para la economía española: la del sistema de pensiones, la del mercado laboral y la del sistema financiero, en particular en lo referido al régimen de las cajas de ahorro.
En relación con la primera de ellas, el Consejo de Ministros acordó, en su sesión de 29 de enero de 2010, remitir una propuesta concreta a la Comisión del Pacto de Toledo sobre la sostenibilidad, a medio y largo plazo, de nuestro sistema de pensiones, propuesta que en cuanto reciba las conclusiones de la Comisión, permitirá abordar la aprobación de una norma que buscará el máximo consenso posible de esta Cámara.
La reforma laboral ha sido objeto de discusión en la Mesa del Diálogo social a partir de los documentos, de fechas 5 de febrero y 12 de abril, presentados por el Gobierno a los interlocutores sociales. Apuradas las posibilidades de concluir un acuerdo y, como quiera que éste no llegó a producirse, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo sobre la reforma laboral que, tras su convalidación, se tramita actualmente en esta Cámara para su conversión, por el procedimiento de urgencia, en ley.
La reforma del sistema financiero se fundamenta en el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio de 2009, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, que creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), parcialmente modificado por el Real decreto-Ley 6/2010 para agilizar su actuación.
El Gobierno juzga imprescindible concluir y aplicar cuanto antes estas tres reformas, para incrementar la competitividad y sostenibilidad de nuestro modelo productivo, y considera muy conveniente hacerlo con un amplio consenso de las fuerzas políticas representadas en la Cámara. Por esta razón, serán objeto preferente del Debate que justifica esta Comunicación.
En él, el Gobierno anunciará, asimismo, los próximos pasos a dar. Son los que tienen que ver con la culminación de la reforma del sector de los servicios, a partir de las dos leyes ya aprobadas –las conocidas como ley paraguas y ley ómnibus con la próxima aprobación del proyecto de ley de servicios profesionales, el Plan de política industrial 2020, y el Pacto por la Energía.
En el pasado debate del estado de la Nación, el Presidente del Gobierno planteó como prioridad la adopción de un conjunto muy diverso y ambicioso de actuaciones para combatir los efectos, económicos y sociales, de la recesión y sentar las bases de un nuevo crecimiento, más sostenible, de la economía española.
En este sentido, y en el contexto del llamado Plan E, durante este último año se ha completado la ejecución de las medidas destinadas a sostener la actividad en los sectores más castigados por la crisis, como los vinculados a la construcción, a la innovación y a la sostenibilidad ambiental en el ámbito municipal, el turismo o el del automóvil. Junto a ello, el Gobierno ha hecho un esfuerzo considerable para preservar la cohesión social, con iniciativas como la de la aprobación del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI).
Por otra parte, el pasado 2 de diciembre el Presidente del Gobierno presentó ante la Cámara la Estrategia de Economía Sostenible, el plan de reformas para impulsar la recuperación y la creación de empleo que tanto necesita la sociedad española dados los preocupantes niveles de paro alcanzados como consecuencia de la crisis. En los siete meses transcurridos desde la presentación de la Estrategia, el Gobierno ha ido aprobando diversas medidas y cambios normativos contenidos en la misma. Su primera concreción fue el Proyecto de ley de Economía sostenible, que contiene el núcleo inicial de las reformas, centradas en la supresión de obstáculos al desarrollo de las actividades emprendedoras, el impulso a los sectores de futuro de la economía española, más innovadores y competitivos, el marco que asegure la sostenibilidad medioambiental de nuestro desarrollo, y el fomento de la formación profesional como elemento estructural clave de un crecimiento basado en una mayor productividad. Otros compromisos incluidos en la Estrategia han llevado al Gobierno a aprobar el proyecto de Ley de la Ciencia, el de Navegación Aérea, o Planes como los de lucha contra el fraude y la economía sumergida, el de innovación, el de inclusión social, y el de impulso del coche eléctrico, entre otros.
La Estrategia de Economía Sostenible preveía, asimismo, la necesidad de acometer tres reformas específicas de calado para la economía española: la del sistema de pensiones, la del mercado laboral y la del sistema financiero, en particular en lo referido al régimen de las cajas de ahorro.
En relación con la primera de ellas, el Consejo de Ministros acordó, en su sesión de 29 de enero de 2010, remitir una propuesta concreta a la Comisión del Pacto de Toledo sobre la sostenibilidad, a medio y largo plazo, de nuestro sistema de pensiones, propuesta que en cuanto reciba las conclusiones de la Comisión, permitirá abordar la aprobación de una norma que buscará el máximo consenso posible de esta Cámara.
La reforma laboral ha sido objeto de discusión en la Mesa del Diálogo social a partir de los documentos, de fechas 5 de febrero y 12 de abril, presentados por el Gobierno a los interlocutores sociales. Apuradas las posibilidades de concluir un acuerdo y, como quiera que éste no llegó a producirse, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo sobre la reforma laboral que, tras su convalidación, se tramita actualmente en esta Cámara para su conversión, por el procedimiento de urgencia, en ley.
La reforma del sistema financiero se fundamenta en el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio de 2009, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, que creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), parcialmente modificado por el Real decreto-Ley 6/2010 para agilizar su actuación.
El Gobierno juzga imprescindible concluir y aplicar cuanto antes estas tres reformas, para incrementar la competitividad y sostenibilidad de nuestro modelo productivo, y considera muy conveniente hacerlo con un amplio consenso de las fuerzas políticas representadas en la Cámara. Por esta razón, serán objeto preferente del Debate que justifica esta Comunicación.
En él, el Gobierno anunciará, asimismo, los próximos pasos a dar. Son los que tienen que ver con la culminación de la reforma del sector de los servicios, a partir de las dos leyes ya aprobadas –las conocidas como ley paraguas y ley ómnibus con la próxima aprobación del proyecto de ley de servicios profesionales, el Plan de política industrial 2020, y el Pacto por la Energía.
El empeño del Gobierno por materializar este conjunto de reformas sólo conoce otro objetivo: la reducción del déficit público. El extraordinario esfuerzo realizado para paliar las consecuencias de la recesión ha supuesto un importante incremento del gasto público, lo que, unido a la disminución de ingresos producida por la misma, han causado un aumento muy considerable de nuestro déficit público. El compromiso de atenerse a pautas estrictas de austeridad y estabilidad presupuestaria para contener el déficit, llevó al Gobierno, en enero de 2010, a aprobar, y a remitir a la Comisión Europea, el Programa de Estabilidad 2010-2013, en el que explicitó la senda de reducción progresiva del déficit público, hasta alcanzar el objetivo del 3% del PIB en 2013. Este Programa recibió el aval de la institución comunitaria en marzo de 2010. La fuerte inestabilidad que, súbitamente, en los meses de abril y mes de mayo, se desencadenó en los mercados de deuda soberana de la eurozona, con ocasión de la operación de apoyo financiero a Grecia, condujo a la Unión Europea a adoptar tres decisiones relevantes: acelerar los procesos de consolidación fiscal en la mayoría de las economías europeas, entre ellas la española; reforzar la coordinación económica; y aprobar la creación del Fondo de Estabilización Financiera por valor de 750.000 M€. El Gobierno, consecuentemente, ha aprobado dos normas específicas para reaccionar ante este rebrote de la crisis financiera: el Decreto-ley 7/2010, de 7 de mayo, que formaliza la aportación española al respaldo financiero europeo a la economía griega, y el Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, que aprueba las medidas adicionales para acelerar la reducción del déficit, con el objetivo de llevarlo al 6% en 2011. Estas medidas, comportan recortes por un importe de 15.000 M€, para 2010 y 2011, que afectan al gasto corriente de la administración, a inversiones públicas, al gasto farmacéutico, y, de modo muy especial, a las retribuciones de los funcionarios públicos y a la suspensión, en 2011, de la revalorización de las pensiones. El Gobierno es consciente del esfuerzo demandado a todos los ciudadanos, pero especialmente a aquéllos que se ven afectados directamente por las medidas de recorte.
En cualquier caso, el Gobierno ha asumido en las últimas semanas iniciativas de regulación financiera, de supervisión del funcionamiento de los mercados y de aumento de las garantías de estabilidad, para evitar en el futuro que las turbulencias financieras injustificadas puedan dañar la situación de las economías nacionales y, muy especialmente, de las economías de la zona euro. Para esa finalidad, además, el Gobierno considera necesario el progresivo refuerzo de la coordinación de las economías europeas y el desarrollo de una auténtica gobernanza económica europea, elementos que han estado especialmente presentes en la aprobación de la Estrategia 2020, impulsada por la Comisión Europea y la Presidencia Española de la Unión.
En cualquier caso, el Gobierno ha asumido en las últimas semanas iniciativas de regulación financiera, de supervisión del funcionamiento de los mercados y de aumento de las garantías de estabilidad, para evitar en el futuro que las turbulencias financieras injustificadas puedan dañar la situación de las economías nacionales y, muy especialmente, de las economías de la zona euro. Para esa finalidad, además, el Gobierno considera necesario el progresivo refuerzo de la coordinación de las economías europeas y el desarrollo de una auténtica gobernanza económica europea, elementos que han estado especialmente presentes en la aprobación de la Estrategia 2020, impulsada por la Comisión Europea y la Presidencia Española de la Unión.
Todas estas iniciativas de carácter económico, han constituido el núcleo central de su acción política y de impulso legislativo en el último año; y su voluntad es que constituyan también el centro de la discusión en el próximo debate de política general. Sin embargo, la tarea realizada en los últimos meses incluye otras actuaciones de relevancia que afectan directamente a la situación de los ciudadanos españoles y que deberían ser igualmente objeto de valoración.
El Acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y concretado en los acuerdos con todas y cada una de las CCAA, sin excepción; y en la reforma de la LOFCA y de las leyes de cesión de tributos adoptadas por las Cortes Generales. El nuevo sistema de financiación significa un esfuerzo considerable de aumento de los recursos disponibles para los servicios públicos de sanidad, educación y atención social, que son gestionados por las CCAA.
La aprobación del acuerdo de financiación y la consolidación del modelo de Estatutos de Autonomía, avalada por la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, refuerzan la línea de avance del Estado autonómico que el Gobierno quisiera ver completada con un refuerzo de la cooperación entre Estado y CCAA, especialmente necesaria en el contexto de la actual situación económica.
El Gobierno ha impulsado también diversos cambios normativos vinculados con los derechos de los ciudadanos y sus garantías: desde las reformas de la legislación de asilo y de los derechos de los inmigrantes, a las nuevas normas en materia de derechos de los militares o sobre el régimen disciplinario de la policía nacional; desde la ley de ampliación del permiso de paternidad, a la nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo; desde el nuevo Código Penal, a la Ley de Comunicación Audiovisual. A este mismo propósito respondió la oferta de un Pacto por la educación, cuyos contenidos básicos, el Gobierno ya ha comenzado a llevar a la práctica. Una mención especial merece la reciente presentación de una proposición de ley conjunta de todos los grupos parlamentarios sobre la regulación de la situación de las víctimas del terrorismo, que permite mejorar su reconocimiento y apoyo por parte de todas las instituciones. Ese acuerdo, combinado con la eficacia de la lucha antiterrorista por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad durante el año transcurrido, y con la colaboración institucional tanto en el interior de España como con las autoridades francesas, que ha llevado a la detención de la cúpula de ETA en repetidas ocasiones durante los últimos meses, es, sin duda, el mejor modo de mostrar a los terroristas la rotunda inutilidad de sus movimientos y la unidad de los demócratas frente a los mismos. En el año transcurrido desde el pasado debate de política general, las Cortes Generales han mostrado su capacidad de alcanzar acuerdos que han permitido renovar buena parte de nuestro ordenamiento en cuestiones tan relevantes como las anteriormente citadas. Ese acuerdo político es fundamental para reforzar la confianza internacional en la capacidad de España de recuperar cuanto antes el crecimiento económico y la generación de empleo. Y es fundamental, igualmente, para fortalecer la confianza ciudadana en nuestras propias capacidades, y en nuestra irrenunciable voluntad de superar las dificultades para construir un futuro individual y colectivo mejor, más estable y más justo.
Con esta disposición, además de la de responder políticamente ante los grupos parlamentarios y ante la sociedad en general afronta el Gobierno el Debate sobre el Estado de la Nación.
El Acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y concretado en los acuerdos con todas y cada una de las CCAA, sin excepción; y en la reforma de la LOFCA y de las leyes de cesión de tributos adoptadas por las Cortes Generales. El nuevo sistema de financiación significa un esfuerzo considerable de aumento de los recursos disponibles para los servicios públicos de sanidad, educación y atención social, que son gestionados por las CCAA.
La aprobación del acuerdo de financiación y la consolidación del modelo de Estatutos de Autonomía, avalada por la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, refuerzan la línea de avance del Estado autonómico que el Gobierno quisiera ver completada con un refuerzo de la cooperación entre Estado y CCAA, especialmente necesaria en el contexto de la actual situación económica.
El Gobierno ha impulsado también diversos cambios normativos vinculados con los derechos de los ciudadanos y sus garantías: desde las reformas de la legislación de asilo y de los derechos de los inmigrantes, a las nuevas normas en materia de derechos de los militares o sobre el régimen disciplinario de la policía nacional; desde la ley de ampliación del permiso de paternidad, a la nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo; desde el nuevo Código Penal, a la Ley de Comunicación Audiovisual. A este mismo propósito respondió la oferta de un Pacto por la educación, cuyos contenidos básicos, el Gobierno ya ha comenzado a llevar a la práctica. Una mención especial merece la reciente presentación de una proposición de ley conjunta de todos los grupos parlamentarios sobre la regulación de la situación de las víctimas del terrorismo, que permite mejorar su reconocimiento y apoyo por parte de todas las instituciones. Ese acuerdo, combinado con la eficacia de la lucha antiterrorista por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad durante el año transcurrido, y con la colaboración institucional tanto en el interior de España como con las autoridades francesas, que ha llevado a la detención de la cúpula de ETA en repetidas ocasiones durante los últimos meses, es, sin duda, el mejor modo de mostrar a los terroristas la rotunda inutilidad de sus movimientos y la unidad de los demócratas frente a los mismos. En el año transcurrido desde el pasado debate de política general, las Cortes Generales han mostrado su capacidad de alcanzar acuerdos que han permitido renovar buena parte de nuestro ordenamiento en cuestiones tan relevantes como las anteriormente citadas. Ese acuerdo político es fundamental para reforzar la confianza internacional en la capacidad de España de recuperar cuanto antes el crecimiento económico y la generación de empleo. Y es fundamental, igualmente, para fortalecer la confianza ciudadana en nuestras propias capacidades, y en nuestra irrenunciable voluntad de superar las dificultades para construir un futuro individual y colectivo mejor, más estable y más justo.
Con esta disposición, además de la de responder políticamente ante los grupos parlamentarios y ante la sociedad en general afronta el Gobierno el Debate sobre el Estado de la Nación.
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