Nos remontarnos al Gobierno del Sr. Aznar, cuando creó un sistema por el cual los consumidores españoles pagan a plazos y en el futuro lo que cuesta generar, transportar y distribuir la electricidad; un sistema que ha generado un agujero de casi 20.000 M€ y que amenaza la viabilidad del sistema eléctrico. Esta es la herencia recogida: un déficit tarifario como consecuencia de que los ingresos han sido insuficientes para sufragar los costes y donde además, las empresas han contabilizado esos ingresos aunque no las han cobrado porque así se lo reconoce la Ley, heredada también cuando se creó este sistema. Se trata de un sistema perverso ya que impide al ciudadano conocer cuál es el coste real de la energía e incita a consumos ineficientes, es como si el consumidor firmarse una hipoteca sin saberlo, ya que pagará en el futuro la energía que consume hoy, a plazos y con intereses.
¿Cómo se establece el precio de la luz? La mayoría de los hogares paga mensualmente su recibo en función de lo que técnicamente se llama Tarifa de Ultimo Recurso (TUR). La formación de la TUR responde a un mecanismo transparente establecido por Real Decreto cuyo resultado es la suma de dos componentes de carácter técnico a partes iguales. Una parte regulada o peajes, que recoge costes como el transporte desde las centrales hasta los centros de distribución y de éstos a las viviendas, las primas de las renovables, el pago del déficit de tarifa (la hipoteca invisible mencionada antes); en esta parte el Gobierno si puede actuar. La otra parte es el término de energía, que viene determinada por el coste de las materias primas que se utilizan para generar electricidad y que depende de su evolución en los mercados internacionales de hidrocarburos principalmente, y donde el Gobierno no puede actuar, únicamente hace traslado por Ley de este coste al recibo.
¿Qué ha hecho el Gobierno para paliar el déficit de tarifa y garantizar la sostenibilidad del sistema? El Gobierno lleva tiempo impulsando medidas para solucionar estos problemas heredados, especialmente el del déficit de tarifa, atendiendo principalmente a la sostenibilidad del sistema y al bolsillo de los hogares. La solución planteada pasa, porque la administración avala el déficit de tarifa y asume algunos costes regulados, como el de producir la electricidad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla (sistemas extrapeninsulares); y porque las empresas ajusten su retribución y aporten nuevas fuentes de ingreso; es decir las empresas tienen que apretarse el cinturón, por eso el Consejo de Ministros del 23 de diciembre aprobó un conjunto de medidas para reducir los costes del sistema eléctrico y crear nuevas fuentes de ingresos aportadas por las empresas; medidas que, sumadas a otras aprobadas en otoño suponen un ahorro de casi 5.000 M€ en los próximos tres años.
Y ¿qué es lo que ha decidido el Gobierno este diciembre en relación a la tarifa eléctrica? Congelar la parte de la tarifa eléctrica en la que tiene incidencia: los peajes y aplicar la subida del 9´8% en la parte que recoge el coste de la energía y que depende de la evolución de precios en los mercados.
¿A cuántos consumidores va a afectar esta subida? Unos 17 millones de usuarios van a ver un incremento medio de 3´2 €/mes/hogar. Sin embargo quedan excluidos de esta subida aquellos que tienen bono social, que son los colectivos más vulnerables (los que tienen una potencia contratada inferior a 3 KW en su primera vivienda, los que perciben pensiones mínimas, familias numerosas y hogares donde sus miembros están en situación de desempleo) y que siguen pagando el precio del año 2009. Actualmente 3 millones de hogares se benefician del bono, aunque podrían llegar a ser 5 millones (más de 10 millones de personas). Quedan excluidos también los 7 millones de clientes que han elegido comprar su energía en el mercado libre porque han encontrado mayores ventajas.
¿Por qué sube entonces la luz? Se debe a la evolución del coste de la energía, encarecida por el alza de los combustibles utilizados para generar electricidad (el petróleo un 40% en el último año) y por el efecto estacional de los meses de invierno, en los que el consumo de los hogares se dispara en las horas del día en las que el precio de la electricidad es más caro. Es cierto además que la subida recoge la financiación necesaria para aplicar el Real Decreto del carbón, que permite el funcionamiento de las centrales de carbón autóctono y, en consecuencia, la actividad minera que las abastece. Concretando, el incremento de la luz de enero (9´8%) responde a: 4 puntos por el encarecimiento de las materias primas, 3 puntos por los cambios de hábitos de consumo en invierno (cuando aumenta el consumo en las horas más caras) y 3 puntos al coste del Real Decreto que garantiza el funcionamiento de las centrales de carbón autóctono.
Para concluir, una herencia cargada de irresponsabilidad y falta de gestión a la que hay que poner solución y eso es lo que ha hecho el Gobierno Central, con la implicación de todos los que integran el sector eléctrico: empresas, consumidores y administración.
¿Cómo se establece el precio de la luz? La mayoría de los hogares paga mensualmente su recibo en función de lo que técnicamente se llama Tarifa de Ultimo Recurso (TUR). La formación de la TUR responde a un mecanismo transparente establecido por Real Decreto cuyo resultado es la suma de dos componentes de carácter técnico a partes iguales. Una parte regulada o peajes, que recoge costes como el transporte desde las centrales hasta los centros de distribución y de éstos a las viviendas, las primas de las renovables, el pago del déficit de tarifa (la hipoteca invisible mencionada antes); en esta parte el Gobierno si puede actuar. La otra parte es el término de energía, que viene determinada por el coste de las materias primas que se utilizan para generar electricidad y que depende de su evolución en los mercados internacionales de hidrocarburos principalmente, y donde el Gobierno no puede actuar, únicamente hace traslado por Ley de este coste al recibo.
¿Qué ha hecho el Gobierno para paliar el déficit de tarifa y garantizar la sostenibilidad del sistema? El Gobierno lleva tiempo impulsando medidas para solucionar estos problemas heredados, especialmente el del déficit de tarifa, atendiendo principalmente a la sostenibilidad del sistema y al bolsillo de los hogares. La solución planteada pasa, porque la administración avala el déficit de tarifa y asume algunos costes regulados, como el de producir la electricidad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla (sistemas extrapeninsulares); y porque las empresas ajusten su retribución y aporten nuevas fuentes de ingreso; es decir las empresas tienen que apretarse el cinturón, por eso el Consejo de Ministros del 23 de diciembre aprobó un conjunto de medidas para reducir los costes del sistema eléctrico y crear nuevas fuentes de ingresos aportadas por las empresas; medidas que, sumadas a otras aprobadas en otoño suponen un ahorro de casi 5.000 M€ en los próximos tres años.
Y ¿qué es lo que ha decidido el Gobierno este diciembre en relación a la tarifa eléctrica? Congelar la parte de la tarifa eléctrica en la que tiene incidencia: los peajes y aplicar la subida del 9´8% en la parte que recoge el coste de la energía y que depende de la evolución de precios en los mercados.
¿A cuántos consumidores va a afectar esta subida? Unos 17 millones de usuarios van a ver un incremento medio de 3´2 €/mes/hogar. Sin embargo quedan excluidos de esta subida aquellos que tienen bono social, que son los colectivos más vulnerables (los que tienen una potencia contratada inferior a 3 KW en su primera vivienda, los que perciben pensiones mínimas, familias numerosas y hogares donde sus miembros están en situación de desempleo) y que siguen pagando el precio del año 2009. Actualmente 3 millones de hogares se benefician del bono, aunque podrían llegar a ser 5 millones (más de 10 millones de personas). Quedan excluidos también los 7 millones de clientes que han elegido comprar su energía en el mercado libre porque han encontrado mayores ventajas.
¿Por qué sube entonces la luz? Se debe a la evolución del coste de la energía, encarecida por el alza de los combustibles utilizados para generar electricidad (el petróleo un 40% en el último año) y por el efecto estacional de los meses de invierno, en los que el consumo de los hogares se dispara en las horas del día en las que el precio de la electricidad es más caro. Es cierto además que la subida recoge la financiación necesaria para aplicar el Real Decreto del carbón, que permite el funcionamiento de las centrales de carbón autóctono y, en consecuencia, la actividad minera que las abastece. Concretando, el incremento de la luz de enero (9´8%) responde a: 4 puntos por el encarecimiento de las materias primas, 3 puntos por los cambios de hábitos de consumo en invierno (cuando aumenta el consumo en las horas más caras) y 3 puntos al coste del Real Decreto que garantiza el funcionamiento de las centrales de carbón autóctono.
Para concluir, una herencia cargada de irresponsabilidad y falta de gestión a la que hay que poner solución y eso es lo que ha hecho el Gobierno Central, con la implicación de todos los que integran el sector eléctrico: empresas, consumidores y administración.
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