Hoy la Constitución cumple 33 años. Una etapa de convivencia en libertad y democracia en los que el pueblo español ha sido el protagonista de su propia historia.
Este último año, hemos aprobado en el Parlamento, por mayoría con el voto favorable del PP y del PSOE, una reforma parcial de la Constitución, que introduce la garantía del principio de “Estabilidad Presupuestaria” en su artículo 135.
¿Qué es? El refuerzo y la elevación a rango constitucional del principio de “estabilidad presupuestaria” y de la obligación de “priorizar” en la atención al “pago de la deuda pública” de España, aplicando una política económica y presupuestaria que respete los “márgenes” de “Déficit Estructural acordados en la UE”, obliga a que las leyes y los actos de Gobierno respeten esas previsiones y se sujeten a esos principios, salvo en casos y circunstancias “extraordinarias” y graves “apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados”. Y es por eso, por lo que debe gestionarse en el marco de nuestra propia Constitución, es decir, a la luz de la importancia, prevalencia y firmeza normativa de los derechos y deberes fundamentales y de los “Principios Rectores de la Política Social y Económica”, recogidos en el Capítulo III del Título Primero de la Constitución, los cuales “informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”.
Los socialistas siempre hemos considerado que nuestra Constitución es, sobre todo, una gran carta de derechos y deberes, y los llamados “Principios Rectores de la política social y económica”, regulados en los artículos 39 a 52, funcionan como una “Constitución Económica” que no puede ser desconocida por el resto del articulado constitucional, ni por los poderes públicos, que están obligados a promocionarlos y aplicarlos.
Por consiguiente, la reforma del artículo 135 no supone limitación de derechos, no fue una reforma contra nadie, ni se hizo a costa de la autonomía de la política, ni puede ser interpretada en contra de los derechos y libertades fundamentales, ni puede desconocer el superior rango de unos “principios rectores de la política social y económica”, que según se desprende de nuestra propia Constitución, obligan a los poderes públicos a promover la redistribución de la renta, el pleno empleo, un régimen público de seguridad social, el derecho a las prestaciones y asistencia sociales, la protección de la salud y la sanidad pública, el medio ambiente, una vivienda digna, o pensiones adecuadas, entre otros principios, derechos y actuaciones. Esos valores, derechos fundamentales y principios rectores sociales y económicos, son la columna donde encuentra la Constitución española su mayor firmeza normativa.
Esta reforma constitucional refleja también, el compromiso de España con Europa y con el euro, con la gobernanza económica de Europa, que requiere una armonización de normas y de culturas constitucionales en el ámbito de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Este último año, hemos aprobado en el Parlamento, por mayoría con el voto favorable del PP y del PSOE, una reforma parcial de la Constitución, que introduce la garantía del principio de “Estabilidad Presupuestaria” en su artículo 135.
¿Qué es? El refuerzo y la elevación a rango constitucional del principio de “estabilidad presupuestaria” y de la obligación de “priorizar” en la atención al “pago de la deuda pública” de España, aplicando una política económica y presupuestaria que respete los “márgenes” de “Déficit Estructural acordados en la UE”, obliga a que las leyes y los actos de Gobierno respeten esas previsiones y se sujeten a esos principios, salvo en casos y circunstancias “extraordinarias” y graves “apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados”. Y es por eso, por lo que debe gestionarse en el marco de nuestra propia Constitución, es decir, a la luz de la importancia, prevalencia y firmeza normativa de los derechos y deberes fundamentales y de los “Principios Rectores de la Política Social y Económica”, recogidos en el Capítulo III del Título Primero de la Constitución, los cuales “informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”.
Los socialistas siempre hemos considerado que nuestra Constitución es, sobre todo, una gran carta de derechos y deberes, y los llamados “Principios Rectores de la política social y económica”, regulados en los artículos 39 a 52, funcionan como una “Constitución Económica” que no puede ser desconocida por el resto del articulado constitucional, ni por los poderes públicos, que están obligados a promocionarlos y aplicarlos.
Por consiguiente, la reforma del artículo 135 no supone limitación de derechos, no fue una reforma contra nadie, ni se hizo a costa de la autonomía de la política, ni puede ser interpretada en contra de los derechos y libertades fundamentales, ni puede desconocer el superior rango de unos “principios rectores de la política social y económica”, que según se desprende de nuestra propia Constitución, obligan a los poderes públicos a promover la redistribución de la renta, el pleno empleo, un régimen público de seguridad social, el derecho a las prestaciones y asistencia sociales, la protección de la salud y la sanidad pública, el medio ambiente, una vivienda digna, o pensiones adecuadas, entre otros principios, derechos y actuaciones. Esos valores, derechos fundamentales y principios rectores sociales y económicos, son la columna donde encuentra la Constitución española su mayor firmeza normativa.
Esta reforma constitucional refleja también, el compromiso de España con Europa y con el euro, con la gobernanza económica de Europa, que requiere una armonización de normas y de culturas constitucionales en el ámbito de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
También hoy quiero hacer mi más sentido, sincero y merecido homenaje a todos los mineros del mundo, especialmente a aquellos con los que he trabajado, luchado y compartido muchos momentos duros y difíciles y alguna que otra alegría durante estos 8 años que he estado de diputada en Madrid defendiendo, sobre todo, los intereses y el futuro del carbón autóctono y el reconocimiento social de las cuencas mineras. A todos GRACIAS por vuestra amistad, ayuda, colaboración, entrega y compromiso por nuestro carbón.
¡¡¡ VIVA SANTA BÁRBARA !!!
1 comentarios:
Todo eso esta muy bien, pero muchos trabajadores de este país no entendemos que la Constitución sea modificada en 48 horas sin que sepamos que medidas concretas son las que se van a aplicar para conseguir esta "Estabilidad Presupuestaria", la modificación no deja de ser una declaración de intenciones que hay que desarrollar, no sabremos si supone una limitación de derechos,o no fue una reforma contra nadie, hasta que se desarrolle la Ley Orgánica correspondiente... entonces ya lo veremos. De momento y visto lo visto en estos días,la consecución de esta estabilidad viene acompañada por los recortes, precisamente, de esos “principios rectores de la política social y económica” que se desprenden de nuestra propia Constitución y que deberían ser fundamento de nuestra legislación. Pero hoy por hoy los poderes públicos se pasan estos principios y obligaciones por el fondillo, por ser comedido. Si la redistribución de la renta pasa por la recapitalización de aquellos que mas tienen, olvidandose de las clases mas desfavorecidas y en situaciones de emergencia, si el derecho a una vivienda digna pasa por facilitar desahucios, donde el valor de adjudicación de las viviendas supone el 50% de su precio de mercado, si la protección de la salud y sanidad pública pasa por la aplicación de los recortes efectuados en Canarias, Galicia, Murcia, Cataluña... Este día de celebración Constitucional carece de todo significado y lo único que cabe plantearse es la necesidad de una modificación en profundidad de la Carta Magna donde con claridad se refleje el compromiso de España con sus CIUDADANOS.
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